LA IA NO ES EL PROBLEMA
Es
comprensible la preocupación global que existe en torno a la irrupción masiva
de una IA agéntica o multiagéntica (tipo enjambre) fuera del control humano y
social. Yo mismo me declaro profundamente preocupado frente a los desastres que
se ven venir en un futuro inminente. Pero he llegado a la conclusión de que la
IA no es el problema y de que centrarnos exclusivamente en ella está desviando
nuestra atención de lo verdaderamente fundamental; de lo que, para mí,
constituye la causa raíz del problema.
Y esa causa
raíz es bien conocida pero poco re-conocida: el modelo economicista de
desarrollo, en cuyo marco se ha desarrollado la IA, y que se nos salió de las
manos mucho antes que la IA. Este modelo, como bien sabemos, se centra en la
maximización de rendimientos económicos y en la apropiación individual de la
riqueza generada.
La razón
para que esta sea la causa raíz es simple.
Como este modelo de maximización y apropiación individual de
rendimientos es el que gobierna nuestras sociedades, ningún actor individual estará
dispuesto a asumir solo la inaplazable obligación de regular o
ralentizar el desarrollo de la IA, para evitar una catástrofe inminente. De hacerlo,
la competencia lo relegaría a la irrelevancia, lo cual no resulta aceptable
para nadie. El dilema es simple: frenar y quedar por fuera o seguir adelante y
afrontar las consecuencias. Es la vívida realidad detrás del conocido dilema
del prisionero (ver ACÁ). Así lo han expresado con meridiana claridad
los líderes del sector, al pedir que sea el gobierno el que asuma la tarea
legislativa en materia de gobernanza digital (ver ACÁ y ACÁ). A estos llamados se sumaron muchos líderes
mundiales en la reciente Asamblea General de Naciones Unidas (ver ACÁ).
Pero, como
se reporta en estas dos fuentes citadas, las grandes potencias (Estados Unidos,
China1, India, Rusia y otras) callan o rechazan abiertamente
cualquier intento de regulación o ralentización, por la sencilla razón de que,
así como los actores de la industria tienen sus manos atadas por la competencia
entre ellos, las potencias también tienen atadas sus propias manos a la pugna que
libran por la hegemonía mundial. Es la dinámica de las relaciones entre actores
que buscan maximizar beneficios en un entorno competitivo, como lo escenifica
muy bien el citado dilema del prisionero. La prueba empírica de ello es que la
Unión Europea, que no es presa de ese dilema, al no estar en la puja por la
hegemonía mundial, es la única región importante del planeta que se ha podido el lujo de
regular a fondo la IA (ver ACÁ). Aun así, observemos cómo la legislación
europea debió ser drásticamente simplificada desde su versión inicial, mediante
la Ley Omnibús de IA (ver ACÁ), debido a la presión de los actores
económicos.
De suerte
que hemos inventado un modelo económico de desarrollo que ha encadenado
nuestras manos a un destino inevitable: la catástrofe social y planetaria
global. Y ese sí es el problema de fondo. El modelo economicista de desarrollo
ha moldeado sociedades hipercompetitivas que, ante su incapacidad para
cooperar, resultan condenadas a cumplir la sentencia bíblica: “¡Muera Sansón
con todos los filisteos!” (Jueces, 17-30).
La IA, como
cualquier tecnología anterior, lo único que necesita es regulación y cultura de
consumo, para asegurar que todos sus beneficios se disfruten sin generar mayores
externalidades que, en este caso, ya amenazan con resultar catastróficas; pero
regulación y cultura requieren cooperación más intervención estatal, ingredientes
que no parecen resultar viables en el escenario hipercompetitivo que hemos
construido.
Sin
embargo, si bien las soluciones para salir de este impasse no son
simples, persiste la urgencia de diseñarlas e incorporarlas gradualmente en
planes de transición que resulten viables. Las preguntas son, entonces: a)
¿cuáles soluciones? y b) ¿cómo adoptarlas?
Sobre la
primera pregunta, me atrevo a resaltar dos líneas maestras de acción, las
cuales ya forman parte, tímidamente, de la agenda de movilización ciudadana en
el mundo y de algunos centros de pensamiento globales.
1. Economía solidaria para todos
La economía solidaria ha sido la gran marginada
hasta ahora, y no gratuitamente, como una economía de pobres para pobres. Un
techo de cristal que ha llegado el momento de romper. De manera más amplia, la
denominamos ahora la economía del bien común (EBC), neocorriente teórica
iniciada quizás por Felber (2010) y enriquecida por Mazzucato, Ostrom, Zamagni,
Bruni, y muchos otros. De manera muy simple, puede definirse como una visión
económica que promueve “un sistema económico alternativo fundado en la
dignidad humana, la solidaridad, la cooperación, la responsabilidad ecológica,
etc.” (ver ACÁ). A
diferencia de la visión economicista clásica, fundada en el interés particular
de los agentes económicos, la economía del bien común se funda en el interés
general y en la gestión de los bienes comunes, sociales y naturales.
Una visualización muy pedagógica del
concepto la tenemos en la Matriz del Bien Común de Christian Felber, en la cual
se interrelacionan las partes interesadas o stakeholders con los valores
esenciales del bien común. Puede encontrarla ACÁ. Es, como
podemos ver, una vía alternativa del desarrollo, entre el capitalismo de libre
mercado y las economías centralmente planificadas, ambos de corte economicista,
es decir, modelos económicos que privatizan beneficios y socializan pérdidas.
La economía del bien común, por el contrario, es un concepto más afín al
desarrollo sostenible y a la Economía Rosquilla (Donut Economics) de
Kate Raworth, en los que se socializan los beneficios y se comparten las
pérdidas solidariamente.
2. Límites a la libre empresa
Pocos conceptos han sido defendidos tan
vigorosa, si no fanáticamente, como la libertad de empresa, al punto de
considerarse sacrílego el menor intento de limitarla. Y esta libertad, a
diferencia de la libertad de expresión, que sí es un bien común, pertenece a la
esfera privada de cada agente económico. Por lo tanto, debe estar subordinada
al bien común. Su sacralización ha terminado precisamente atentando contra los
bienes comunes y, por lo tanto, ha llegado también la hora de comenzar a
imponerle límites sociales y naturales, para garantizar su sano y equilibrado
ejercicio. Y no se trata solo de penalizar los escándalos corporativos que
estallan por todos lados, todos los días. Es que el ejercicio de la libertad de
empresa, así sacralizada, ya está sobrepasando los límites del bien común,
aunque lo hayamos normalizado. Y los ejemplos pululan por doquier. Seis
ejemplos sencillos bastan para evidenciarlo:
§ El sistemático uso y deterioro del
espacio público aledaño a las empresas, sin pagar por hacerlo, con el fin de
realizar operaciones de cargue, descargue, estacionamiento y logística.
§ Las emisiones y vertimientos
contaminantes, sin pagar compensación alguna.
§ El manejo de cuentas y depósitos
bancarios en paraísos fiscales: “Casi el 50% de la inversión de empresas colombianas
en el exterior se fue para países señalados de paraísos fiscales”, titulaba un
periódico local recientemente, reseñando de paso la tendencia creciente de esta
práctica (ver ACÁ).
§ El trabajo precario,
forzado y esclavo. Paradójicamente, en la era de mayor prosperidad económica,
tenemos la mayor población esclava de la historia, violando toda normatividad
legal y todo límite de dignidad humana. La ONG Free the Slaves estima en 50
millones la población esclava en el mundo de hoy (ver ACÁ).
§ La evasión y la elusión fiscales no
penalizadas superan hoy en Colombia los 80 billones de pesos, es decir, poco
más del 5 % del PIB, algo que supera ligeramente la inversión que el país hace
en educación.
§ La comunicación comercial
culturalmente depredadora: cosificación de la mujer, discriminación étnica,
información engañosa, letra menudísima en los empaques, mensajes de advertencia
intencionadamente inaudibles en las cuñas radiales.
§ Y ni para qué hablar de corrupción
(ver ACÁ el lánguido 37 % de Colombia en el ranquin
mundial de transparencia) y siga usted con un larguísimo etcétera.
Son todos estos ejemplos de los excesos que
deben ser puestos dentro de límites. Pero muchísimos otros. Dentro de estos
límites a la libre empresa, es hora de regular, por ejemplo, lo relativo a la
compensación directiva para imponerle límites (ver nota anterior en este blog y
leer ACÁ). Las cifras ya no son moralmente sostenibles.
Una muestra resulta representativa: según reportó recientemente Europa Press,
“los consejeros con carácter ejecutivo
de las empresas cotizadas que forman parte del índice Ibex 35
tuvieron una retribución en 2025 que supuso, de media, 67 veces el sueldo
medio de los empleados de esas empresas” (ver ACÁ.
Los resaltados son del original). Obsérvese, además, que el punto mínimo de
comparación es el “sueldo medio”, no el salario mínimo legal. Claro: ejecutivos
superpagos, al servicio de un voraz modelo de maximización de rendimientos.
3.
Intervención estatal
Pienso que solo así, limitando el
bien particular y promoviendo el bien común, es decir, actuando sobre los dos
polos de la tensión social y planetaria, podremos recuperar los equilibrios
perdidos que, ahora, con la irrupción de la IA en nuestras vidas diarias, ya
constituyen una amenaza existencial y planetaria perentoria.
Y esta es precisamente la tarea
que le corresponde a los Estados. Pero es una tarea que, siendo esencial,
empezaron a abandonar, a medida que iban siendo secuestrados por las élites del
poder económico, para ponerlos a su servicio. Y esta realidad aun supera los
notables esfuerzos de algunos países y gobernantes, que tienen claro su papel.
Un ejemplo admirable ha sido el presidente Lula de Brasil. En su reciente
discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas (septiembre de 2026) fue
claro y lúcido al respecto: “Hemos adoptado —dijo— un modelo económico basado
en la distribución de la renta, la creación de empleo y el aumento de los
salarios. Estamos comprometidos con la mejora de la productividad, la expansión
del crédito y la construcción de una sólida red de protección social”. Así
mismo, hay infinidad de empresarios y ciudadanos sensibles, conscientes y
coherentes en sus actuaciones. Infortunadamente, este tipo de posiciones
políticas, gerenciales y ciudadanas siguen siendo minoritarias.
Así las cosas, solo nos queda una
instancia posible: la ciudadanía, ese constituyente primario al que siempre es
necesario apelar en horas de crisis. Y esta es una de ellas. De lo contrario,
estaremos ante una disyuntiva doblemente fatal: a) una tecnología de IA cada
vez más fuera de control, que terminará trastrocando las pocas reglas y
seguridades que quedan en pie; o b) una IA que termine siendo el gran
distractor del siglo, el anestésico social definitivo, que desvíe nuestra
atención de la verdadera causa raíz de todo este maremágnum; o ambas. En todos
los casos, seguiremos “en rumbo de colisión”, como lúcidamente pronosticaba
Max-Neff (ver ACÁ).
Es, entonces, la hora de la
ciudadanía: una ciudadanía consciente y dispuesta a tomar el control de su
propio destino civilizatorio, a través del activismo político organizado y
global. ¡La causa está servida! ¿Llegarán los comensales?
1 Conviene precisar que China tiene su propia
legislación sobre IA desde el año 2022 (ver ACÁ). Pero
China tiene tres diferenciales muy importantes, aparte de que dicha ley fue
hecha a su medida: a) es juez y parte: legisla y es la dueña de la tecnología,
directa o indirectamente; b) es una potencia en ascenso, con una clara
estrategia de largo plazo; c) su cultura no es confrontacional como la
occidental.
Ramiro Restrepo González
Septiembre de 2026
