LA IA NO ES EL PROBLEMA

 

Es comprensible la preocupación global que existe en torno a la irrupción masiva de una IA agéntica o multiagéntica (tipo enjambre) fuera del control humano y social. Yo mismo me declaro profundamente preocupado frente a los desastres que se ven venir en un futuro inminente. Pero he llegado a la conclusión de que la IA no es el problema y de que centrarnos exclusivamente en ella está desviando nuestra atención de lo verdaderamente fundamental; de lo que, para mí, constituye la causa raíz del problema.

 

Y esa causa raíz es bien conocida pero poco re-conocida: el modelo economicista de desarrollo, en cuyo marco se ha desarrollado la IA, y que se nos salió de las manos mucho antes que la IA. Este modelo, como bien sabemos, se centra en la maximización de rendimientos económicos y en la apropiación individual de la riqueza generada.

 

La razón para que esta sea la causa raíz es simple.  Como este modelo de maximización y apropiación individual de rendimientos es el que gobierna nuestras sociedades, ningún actor individual estará dispuesto a asumir solo la inaplazable obligación de regular o ralentizar el desarrollo de la IA, para evitar una catástrofe inminente. De hacerlo, la competencia lo relegaría a la irrelevancia, lo cual no resulta aceptable para nadie. El dilema es simple: frenar y quedar por fuera o seguir adelante y afrontar las consecuencias. Es la vívida realidad detrás del conocido dilema del prisionero (ver ACÁ). Así lo han expresado con meridiana claridad los líderes del sector, al pedir que sea el gobierno el que asuma la tarea legislativa en materia de gobernanza digital (ver ACÁ y ACÁ). A estos llamados se sumaron muchos líderes mundiales en la reciente Asamblea General de Naciones Unidas (ver ACÁ).

 

Pero, como se reporta en estas dos fuentes citadas, las grandes potencias (Estados Unidos, China¹, India, Rusia y otras) callan o rechazan abiertamente cualquier intento de regulación o ralentización, por la sencilla razón de que, así como los actores de la industria tienen sus manos atadas por la competencia entre ellos, las potencias también tienen atadas sus propias manos a la pugna que libran por la hegemonía mundial. Es la dinámica de las relaciones entre actores que buscan maximizar beneficios en un entorno competitivo, como lo escenifica muy bien el citado dilema del prisionero. La prueba empírica de ello es que la Unión Europea, que no es presa de ese dilema, al no estar en la puja por la hegemonía mundial, es la única región importante  del planeta que se ha podido el lujo de regular a fondo la IA (ver ACÁ). Aun así, observemos cómo la legislación europea debió ser drásticamente simplificada desde su versión inicial, mediante la Ley Omnibús de IA (ver ACÁ), debido a la presión de los actores económicos.

 

De suerte que hemos inventado un modelo económico de desarrollo que ha encadenado nuestras manos a un destino inevitable: la catástrofe social y planetaria global. Y ese sí es el problema de fondo. El modelo economicista de desarrollo ha moldeado sociedades hipercompetitivas que, ante su incapacidad para cooperar, resultan condenadas a cumplir la sentencia bíblica: “¡Muera Sansón con todos los filisteos!” (Jueces, 17-30).

 

La IA, como cualquier tecnología anterior, lo único que necesita es regulación y cultura de consumo, para asegurar que todos sus beneficios se disfruten sin generar mayores externalidades que, en este caso, ya amenazan con resultar catastróficas; pero regulación y cultura requieren cooperación más intervención estatal, ingredientes que no parecen resultar viables en el escenario hipercompetitivo que hemos construido.

 

Sin embargo, si bien las soluciones para salir de este impasse no son simples, persiste la urgencia de diseñarlas e incorporarlas gradualmente en planes de transición que resulten viables. Las preguntas son, entonces: a) ¿cuáles soluciones? y b) ¿cómo adoptarlas?

 

Sobre la primera pregunta, me atrevo a resaltar dos líneas maestras de acción, las cuales ya forman parte, tímidamente, de la agenda de movilización ciudadana en el mundo y de algunos centros de pensamiento globales.

 

1.    Economía solidaria para todos

 

La economía solidaria ha sido la gran marginada hasta ahora, y no gratuitamente, como una economía de pobres para pobres. Un techo de cristal que ha llegado el momento de romper. De manera más amplia, la denominamos ahora la economía del bien común (EBC), neocorriente teórica iniciada quizás por Felber (2010) y enriquecida por Mazzucato, Ostrom, Zamagni, Bruni, y muchos otros. De manera muy simple, puede definirse como una visión económica que promueve “un sistema económico alternativo fundado en la dignidad humana, la solidaridad, la cooperación, la responsabilidad ecológica, etc.” (ver ACÁ). A diferencia de la visión economicista clásica, fundada en el interés particular de los agentes económicos, la economía del bien común se funda en el interés general y en la gestión de los bienes comunes, sociales y naturales.

 

Una visualización muy pedagógica del concepto la tenemos en la Matriz del Bien Común de Christian Felber, en la cual se interrelacionan las partes interesadas o stakeholders con los valores esenciales del bien común. Puede encontrarla ACÁ. Es, como podemos ver, una vía alternativa del desarrollo, entre el capitalismo de libre mercado y las economías centralmente planificadas, ambos de corte economicista, es decir, modelos económicos que privatizan beneficios y socializan pérdidas. La economía del bien común, por el contrario, es un concepto más afín al desarrollo sostenible y a la Economía Rosquilla (Donut Economics) de Kate Raworth, en los que se socializan los beneficios y se comparten las pérdidas solidariamente.

 

2.    Límites a la libre empresa

 

Pocos conceptos han sido defendidos tan vigorosa, si no fanáticamente, como la libertad de empresa, al punto de considerarse sacrílego el menor intento de limitarla. Y esta libertad, a diferencia de la libertad de expresión, que sí es un bien común, pertenece a la esfera privada de cada agente económico. Por lo tanto, debe estar subordinada al bien común. Su sacralización ha terminado precisamente atentando contra los bienes comunes y, por lo tanto, ha llegado también la hora de comenzar a imponerle límites sociales y naturales, para garantizar su sano y equilibrado ejercicio. Y no se trata solo de penalizar los escándalos corporativos que estallan por todos lados, todos los días. Es que el ejercicio de la libertad de empresa, así sacralizada, ya está sobrepasando los límites del bien común, aunque lo hayamos normalizado. Y los ejemplos pululan por doquier. Seis ejemplos sencillos bastan para evidenciarlo:

§  El sistemático uso y deterioro del espacio público aledaño a las empresas, sin pagar por hacerlo, con el fin de realizar operaciones de cargue, descargue, estacionamiento y logística.

§  Las emisiones y vertimientos contaminantes, sin pagar compensación alguna.

§  El manejo de cuentas y depósitos bancarios en paraísos fiscales: “Casi el 50% de la inversión de empresas colombianas en el exterior se fue para países señalados de paraísos fiscales”, titulaba un periódico local recientemente, reseñando de paso la tendencia creciente de esta práctica (ver ACÁ).

§  El trabajo precario, forzado y esclavo. Paradójicamente, en la era de mayor prosperidad económica, tenemos la mayor población esclava de la historia, violando toda normatividad legal y todo límite de dignidad humana. La ONG Free the Slaves estima en 50 millones la población esclava en el mundo de hoy (ver ACÁ).

§  La evasión y la elusión fiscales no penalizadas superan hoy en Colombia los 80 billones de pesos, es decir, poco más del 5 % del PIB, algo que supera ligeramente la inversión que el país hace en educación.

§  La comunicación comercial culturalmente depredadora: cosificación de la mujer, discriminación étnica, información engañosa, letra menudísima en los empaques, mensajes de advertencia intencionadamente inaudibles en las cuñas radiales.

§  Y ni para qué hablar de corrupción (ver ACÁ el lánguido 37 % de Colombia en el ranquin mundial de transparencia) y siga usted con un larguísimo etcétera.

 

Son todos estos ejemplos de los excesos que deben ser puestos dentro de límites. Pero muchísimos otros. Dentro de estos límites a la libre empresa, es hora de regular, por ejemplo, lo relativo a la compensación directiva para imponerle límites (ver nota anterior en este blog y leer ACÁ). Las cifras ya no son moralmente sostenibles. Una muestra resulta representativa: según reportó recientemente Europa Press, “los consejeros con carácter ejecutivo de las empresas cotizadas que forman parte del índice Ibex 35 tuvieron una retribución en 2025 que supuso, de media, 67 veces el sueldo medio de los empleados de esas empresas” (ver ACÁ. Los resaltados son del original). Obsérvese, además, que el punto mínimo de comparación es el “sueldo medio”, no el salario mínimo legal. Claro: ejecutivos superpagos, al servicio de un voraz modelo de maximización de rendimientos.

 

3.    Intervención estatal

 

Pienso que solo así, limitando el bien particular y promoviendo el bien común, es decir, actuando sobre los dos polos de la tensión social y planetaria, podremos recuperar los equilibrios perdidos que, ahora, con la irrupción de la IA en nuestras vidas diarias, ya constituyen una amenaza existencial y planetaria perentoria.

 

Y esta es precisamente la tarea que le corresponde a los Estados. Pero es una tarea que, siendo esencial, empezaron a abandonar, a medida que iban siendo secuestrados por las élites del poder económico, para ponerlos a su servicio. Y esta realidad aun supera los notables esfuerzos de algunos países y gobernantes, que tienen claro su papel. Un ejemplo admirable ha sido el presidente Lula de Brasil. En su reciente discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas (septiembre de 2026) fue claro y lúcido al respecto: “Hemos adoptado —dijo— un modelo económico basado en la distribución de la renta, la creación de empleo y el aumento de los salarios. Estamos comprometidos con la mejora de la productividad, la expansión del crédito y la construcción de una sólida red de protección social”. Así mismo, hay infinidad de empresarios y ciudadanos sensibles, conscientes y coherentes en sus actuaciones. Infortunadamente, este tipo de posiciones políticas, gerenciales y ciudadanas siguen siendo minoritarias.

 

Así las cosas, solo nos queda una instancia posible: la ciudadanía, ese constituyente primario al que siempre es necesario apelar en horas de crisis. Y esta es una de ellas. De lo contrario, estaremos ante una disyuntiva doblemente fatal: a) una tecnología de IA cada vez más fuera de control, que terminará trastrocando las pocas reglas y seguridades que quedan en pie; o b) una IA que termine siendo el gran distractor del siglo, el anestésico social definitivo, que desvíe nuestra atención de la verdadera causa raíz de todo este maremágnum; o ambas. En todos los casos, seguiremos “en rumbo de colisión”, como lúcidamente pronosticaba Max-Neff (ver ACÁ).

 

Es, entonces, la hora de la ciudadanía: una ciudadanía consciente y dispuesta a tomar el control de su propio destino civilizatorio, a través del activismo político organizado y global. ¡La causa está servida! ¿Llegarán los comensales?

 

1   Conviene precisar que China tiene su propia legislación sobre IA desde el año 2022 (ver ACÁ). Pero China tiene tres diferenciales muy importantes, aparte de que dicha ley fue hecha a su medida: a) es juez y parte: legisla y es la dueña de la tecnología, directa o indirectamente; b) es una potencia en ascenso, con una clara estrategia de largo plazo; c) su cultura no es confrontacional como la occidental.

 

Ramiro Restrepo González

Septiembre de 2026