EL PARAÍSO DE LA INEQUIDAD

 

Punto 1: es de Pedro Grullo que, sin riqueza, no hay bienestar y desarrollo.

Punto 2: es evidente que las empresas y organizaciones son actores fundamentales en la creación de riqueza; y, por lo tanto, potencialmente creadoras de bienestar y desarrollo.

Punto 3: pero es claro, además, que solo una porción de empresarios y dirigentes está demostrando su capacidad de producir riqueza sin generar depredación ambiental e inequidad social. Una gran proporción de ellos genera riqueza de una manera egoica, irresponsable y depredadora social y ambientalmente.

 

En conclusión:

 

No se puede sostener la defensa de la riqueza y de los empresarios y dirigentes sin separar con claridad los dos grupos. Son todas estas realidades respaldadas en abundante y rigurosa evidencia estadística e investigativa. Voy a ofrecer tres grupos de evidencias que muestran la aberrante proporción de empresarios que conducen sus negocios de manera irresponsable y hasta delictuosa, causando con ello un enorme daño en el capital social y natural de nuestras sociedades.

 

PRIMERO: LA EVASIÓN FISCAL

 

La última amnistía del gobierno colombiano, para capitales no declarados, especialmente en el exterior, dio como resultado que “El 40 % de las personas que hacen parte del 0,01 % con más riqueza del país admitió haber evadido impuestos […] Cada año, la evasión en Colombia equivale al 8 % del PIB, cerca de 130 billones (¿10 reformas tributarias?)” (ver ACÁ, paréntesis nuestro). Seamos claros: 40 % de tramposos no es una minoría, marginal y disimulable. Es una vergüenza mayúscula.

 

Mención aparte merecen los paraísos fiscales. Al respecto, un reporte de Oxfam Colombia (2024) lo retrata lapidariamente en unas pocas cifras crudas: “En la última década (desde 2012), uno de cada tres dólares de entrada o salida de inversión hacia o desde Colombia pasan por un paraíso fiscal. En lo que va del año 2024, un 26% de la inversión de Colombia en el exterior se ha dirigido hacia Panamá, territorio que ha estado en el corazón de una de las filtraciones de investigación periodística más relevantes de todos los tiempos (Panama Papers) y que, aún hoy en día, es considerado un paraíso fiscal incluso en la lista de la Unión Europea” (ver ACÁ).

 

Es una situación crónica, que se suma a la cascada de beneficios tributarios, la incalculable elusión fiscal y los sistemáticos recortes impositivos liderados por los gobiernos de extrema derecha en todo el mundo (Trump, Ayuso, Meloni, Milei, Orban, entre los más vistosos), que solo benefician a los ricos. De esa manera, la dolorosa paradoja es que los superricos terminan pagando menos impuestos que los pobres: así lo documenta Oxfam, en informe sobre evasión y desigualdad en Colombia: “…hasta 2021 […] por cada dólar de ingreso, las personas en el 50 % más pobre pagan en realidad alrededor de 21,1 centavos en impuestos […] Mientras que las personas del 1 % más rico pagan poco menos de 17 centavos en impuestos por cada dólar de ingreso” (ver ACÁ). Una de tantas razones es clara: impuestos regresivos, como el IVA, que no son evadibles por los pobres, pero sí por los ricos.

 

SEGUNDO: LOS SUBSIDIOS ENCUBIERTOS A LOS RICOS

 

El llamado Sur Global subsidia anualmente al Norte Desarrollado en una porción importante de riqueza, que impulsa a estos y atrasa a aquellos. Estas silenciosas transferencias se dan gracias a la inequidad del comercio mundial, que normaliza unos precios y salarios inferiores en el sur, con respecto al norte: “Dado que los salarios y el precio de los recursos naturales son mucho más bajos en el Sur Global que en el Norte, los países pobres deben exportar muchas más unidades de trabajo incorporado y recursos que lo que ellos importan con el fin de tener un comercio balanceado en términos monetarios”, concluyen investigaciones serias (ver ACÁ).

 

Además, el autor del escrito citado afirma —en investigación publicada en la revista New Political Economy— que, una vez cuantificado el drenaje de recursos sur-norte, desde 1960, “la apropiación mediante intercambios desiguales representa hasta el 7 % del PIB del Norte y el 9 % del PIB del Sur” (ver ACÁ), en una tendencia que se ha venido agravando con los años. Son las sutiles formas de esclavismo que perviven en pleno siglo XXI: los pobres trabajando gratis para los ricos.

 

TERCERO: LA ASIMETRÍA DE LA DOMINACIÓN

 

Como si esas dos poderosas fuentes de apropiación de riqueza, en desmedro de las mayorías mundiales, no fueran suficientes, sumemos en tercer lugar los esquemas de dominación ignominiosos que las potencias económicas se han encargado de forjar e imponer. Son múltiples, pero quiero referenciar el más ignominioso de todos: el arbitraje internacional de inversión (AII): “un mecanismo mecanismo de solución de conflictos creado para tratar las controversias entre inversionistas extranjeros y Estados receptores”. En apariencia, un mecanismo transparente, justo y necesario, para proteger la inversión extranjera de cualquier arbitrariedad de un gobierno de turno. Pero que, en la práctica, ha demostrado ser un mecanismo de chantaje internacional contra Estados débiles del sur. Veamos:

§  Dicho mecanismo es impuesto por las grandes economías a las pequeñas, a través de infinidad de tratados internacionales como los tratados “bilaterales” de inversión (TBI) y los tratados de “libre” comercio (TLC). Uso comillas porque, en la práctica, ni son bilaterales, ni son libres. Colombia, por ejemplo, tiene incluido dicho mecanismo en 18 de sus tratados vigentes; es decir, ha hipotecado y subordinado los intereses de su desarrollo interno, a los intereses de dichos inversores foráneos.

§  A la fecha, Colombia enfrenta 21 demandas internacionales bajo este mecanismo, y otras 7 que aún están en etapa prearbitral, las cuales suman col$ 42 billones de pesos (ver ACÁ), convirtiendo al país en uno de los países más demandados de la región por este concepto.

§  Es necesario entender que dichas demandas se originan porque cualquier inversor considera que una nueva legislación del país receptor afecta sus intereses. Y esto ha ocurrido en múltiples situaciones de legislación sobre protección ambiental, transición energética, regulación laboral, etc. Por lo que, por esta vía, los países receptores de inversión extranjera, como Colombia, claudican su soberanía legislativa y se ven obligados a crear islas de privilegios, para proteger los intereses de unos inversores que ponen sus intereses por encima del bien común.

§  Y lo más aberrante: el ejercicio de dichas demandas de arbitraje ha sido totalmente unilateral por parte de los inversores.

§  Para quienes necesiten más pruebas: en 2021, la minera suiza Glencore, propietaria de Cerromatoso, demandó por tercera vez a Colombia por una decisión de la Corte Constitucional, que le exigió “poner en marcha, de forma inmediata, medidas de prevención, mitigación, control, compensación y corrección de los impactos sociales y ambientales del proyecto" (ver ACÁ), todos los cuales han afectado históricamente a la población ancestral Wayúu.

 

Razón les asiste a 220 economistas y académicos, en carta que han dirigido al presidente de Colombia recientemente, y en la cual lo invitan a “iniciar el retiro de Colombia del arbitraje de inversión y a impulsar una alianza más amplia de países comprometidos con desmontar este sistema” (ver ACÁ).

 

En conclusión:

 

Es hora de ir poniendo sobre la mesa de la agenda pública el debate sobe las verdaderas causas la pobreza. Esta no es gratuita, natural ni tolerable. Ha sido ocasionada deliberada y sistemáticamente por los poderosos, para construir su prosperidad a costa del bien común (depredación natural) y del bienestar de las inmensas mayorías humanas (inequidad). Todo ello, basado en una visión del poder como dominación y no como servicio; y en un orden mundial basado en la competitividad y no en la cooperación. La inequidad se ha convertido, así, en un calvario para los pobres y en un paraíso para los poderosos.

Ramiro Restrepo González

Marzo de 2026