TELETRABAJO EN COLOMBIA: ¡POR FIN!

Aunque el artículo 8º de la Ley 1221, de julio 16 de 2008, establecía que el gobierno nacional tendría un plazo de seis (6) meses para su reglamentación, apenas este 30 de abril de 2012 (¡44,5 meses después!) el gobierno nacional expidió el decreto 884, mediante el cual “…se reglamenta la ley 1221 de 2008 y se dictan otras disposiciones”. Por fin tenemos un marco legal para implementar el teletrabajo en Colombia.

Una innovadora legislación, sin lugar a dudas, que estábamos necesitando hace tiempo, dados los cada vez más complejos e ineficientes sistemas de movilidad urbana. Pero un gran trabajo queda por hacer, para que esta nueva modalidad de trabajo sí se traduzca en productividad, por un lado, y en calidad de vida por otro lado. Y para que no termine siendo como la contratación temporal y las cooperativas de trabajo asociado, una más de las formas de precarización laboral en un país que ya ostenta una posición bien desfavorable en materia de calidad laboral y de compensación salarial.

Urge, por lo tanto, poner rápidamente en funcionamiento al menos tres componentes institucionales claves, para contener los abusos y excesos que no demorarán en aparecer:


1. En primer lugar, la Red Nacional de Fomento al Teletrabajo, contemplada en los artículos 4 y 12 de los citados ley y decreto respectivamente, así como sus previstas mesas de trabajo.


2. En segundo lugar, la formulación y divulgación de una política pública integral en la materia, que sirva de norte a esta nueva práctica laboral.


3. Y, finalmente, la dotación de los suficientes recursos al Ministerio del Trabajo, que le permitan ejercer una exigente labor de inspección, vigilancia y control, como lo establece el artículo 5º de la ley.


Sin la puesta en marcha de al menos estos tres componentes, dudo mucho que la presente legislación sea un paso adelante; y, por el contrario, mucho me temo que sea una ventana de regreso a las épocas de la más cruda precarización laboral, como las que vivió este país en los ocho años de seguridad democrática y que ahora, de la mano de las exigencias de los TLCs, particularmente con Estados Unidos y Europa, anunciaba con empezar a ser corregida.