COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE

Nota: véase artículo completo en la Revista Dinámica: Economía & Valores. Número 5. Agosto de 2009

Los gobiernos han venido haciendo esfuerzos por legislar en materia de responsabilidad social. Como preocupación, lo veo bien. Como procedimiento, lo veo contraproducente. A cambio, propongo dos alternativas:

1. Que no se legisle sobre los resultados sino sobre el proceso. Me explico: que no se obligue legalmente a producir una memoria social, por ejemplo. Eso llevaría a que las empresas, para cumplir, llenen páginas y páginas sin cuidar la calidad del contenido. Ganarán los tipógrafos y los relacionistas públicos. Pero no ganará la sociedad. Mejor, legislemos sobre los estándares que deberán usar aquellas organizaciones que libremente decidan hacer una memoria social o de sostenibilidad.
2. Que el estado haga conciencia de que tiene mecanismos más eficientes que la legislación para incidir en un desempeño responsable de las organizaciones. Ese mecanismo es la contratación pública: de bienes y de servicios. Para usar este mecanismo, basta que el estado y sus organizaciones decidan comportarse como CONSUMIDORES RESPONSABLES. Y no es tan complejo como parece.

¿Qué se entiende hoy por compra pública responsable?

Las definiciones siempre resultan simplistas pero útiles. Podemos definir la compra pública responsable como un esfuerzo deliberado y estructurado de integración de los aspectos sociales, ambientales y éticos en las decisiones y en los procesos de compra de las administraciones públicas.

¿Y por qué resulta pertinente hablar de compra pública responsable hoy?

El Estado contemporáneo, al achicarse, ha debido recurrir a un altísimo incremento de su capacidad de contratación. Ello ha traído aparejado un alto poder de compra. Es por ello que “los poderes públicos están tomando una conciencia cada vez mayor de su papel como actores activos del desarrollo sostenible” [1].

Este poder de compra, como poder transformador de la sociedad, queda ilustrado si se revisan las cifras. Actualmente las administraciones públicas de la Unión Europea en su conjunto gastan aproximadamente 1,5 billones de euros cada año en productos, servicios y obras, lo que supone alrededor del 16% del Producto Interior Bruto total de la Unión Europea. Y, según la Asociación Española de Profesionales de Compras, las compras representan en promedio el 75% de los gastos de cualquier organización.

¿Y qué implica una estrategia de compra pública responsable?

Básicamente implica el desarrollo de una cuádruple agenda muy concreta:
a. Una agenda de comercio justo,
b. Una agenda de compra verde,
c. Una agenda de compra social,
d. Y una agenda de compra ética.

Vemos en algunos ejemplos ilustrativos de estas agendas.

Comercio Justo: “Antójate de Antioquia”, proyecto promovido por el Diputado de Antioquia Guillermo Palacio Vega, ha permitido que microempresarios de todas las latitudes del Departamento de Antioquia lleguen, en reales condiciones de igualdad, a las grandes superficies de hipermercados, con su oferta comercial, previamente depurada y mejorada con asesoría de empaque, de imagen y de etiquetado con código de barras.

Compra Verde: la ciudad de Sevilla, España, por ejemplo, mediante la instalación de bombillas LED en todo el alumbrado callejero, en los edificios públicos y en su red semafórica, está ahorrando actualmente un 18% de su factura energética.

Compra Social: la ciudad de Estocolmo, por ejemplo, incluye en su contratación pública cláusulas de no discriminación (por razones de género, raza, etnia, enfermedad, etc.).

Compra Ética: la ciudad de París, por ejemplo, exige la firma de un código de conducta a todos sus proveedores, en la fase de admisibilidad o registro como proveedor. Dicho código es base para los procesos posteriores de contratación e Interventoría.

Insisto finalmente en la tesis central de esta nota: más que la capacidad legislativa, la capacidad de compra es la gran palanca en manos del Estado y sus diferentes organismos y empresas, si desean promover eficaz y rápidamente estándares de conducta socialmente responsable en toda la cadena de valor.

[1] “Manual de Compra Pública con Responsabilidad Social”. IDEAS. 2005. Página 3.